Tucumán
8 agosto, 2018

De este manera, estiman desde Medio Ambiente de la provincia que se podría superar el récord que hubo en 2013. Una multa por la quema de un campo puede ascender hasta 500 sueldos básicos de la Administración Pública.

La práctica de la quema de cañaverales y pastizales representa un peligro para la para la salud pública, el medio ambiente, la seguridad vial, además de generar graves consecuencias energéticas dado que produce cortes en las líneas de media y alta tensión que abastecen a grandes sectores de la provincia.

Marcelo Lizárraga, subsecretario de Protección Ambiental, contó qué acciones lleva adelante la subsecretaría en el tema de cañaverales y de pastizales.

Comentó que la actividad de la subsecretaría comienza durante el período de no zafra con la educación ambiental por los efectos nocivos que producen, no solamente al ambiente, sino también a la población misma, y los riesgos a la seguridad vial. “A partir de mayo o junio, cuando arranca la zafra, comienza un período de focos ígneos en la provincia por lo que aplicamos medidas más concretas sobre los campos quemados. Trabajamos de manera incesante”, precisó.

El funcionario aclaró que el trabajo que llevan a cabo es en conjunto con la Dirección de Defensa Civil. “Hay grupos de trabajo que todos los días recaba información sobre los campos quemados de distinta naturaleza y se realizan las infracciones correspondientes”, indicó.

Respecto al procedimiento que se sigue una vez detectada esta práctica ilegal, dijo que una vez que se detecta el campo quemado, se labra un acta de infracción e inmediatamente se hace la georeferenciación, identificando el predio a través de la Dirección General de Catastro. Posteriormente, se remite el caso a la Policía de Tucumán, a través de la División de Policía de Derechos Legales y Ambientales, para que siga el curso del trámite en lo penal porque es un delito tipificado en el Código Penal, mientras que la secretaría continúa con la sanción administrativa.

Contó que “una multa por la quema de un campo puede ascender hasta 500 sueldos básicos de la Administración Pública, o sea que están graduados desde 5 a 500 sueldos básicos”, indicó.

Asimismo, agregó que en el caso de detectarse la responsabilidad penal de la quema puede corresponder prisión con penas de hasta seis años.

Según Lizárraga, en lo que va de agosto ya se labraron 120 infracciones, número que se acerca al récord que hubo durante 2013, donde se aplicaron 132 sanciones en total.

“El año más difícil que tuvimos con respecto al tema de quema fue el 2013, con un grado de combustibilidad muy grande en el que se realizaron alrededor de 132 infracciones que derivaron en los respectivos trámites administrativos. Y en agosto de este año ya llevamos 120 infracciones, o sea que estamos cerca de alcanzar el número que fue el que marcó un hito en el tema de quema de caña. Este año hemos vuelto a ascender lamentablemente a esta práctica inescrupulosa que pone en riesgo la seguridad vial de la provincia y pública, y la vida de las personas”, afirmó.

Para finalizar, remarcó que “está demostrado que la quema de caña no produce ningún tipo de beneficio al productor cañero, ni a su caña, ni a su campo, por lo cual hay un grupo importante de cañeros que se sumaron a la inicaitiva de generar un sistema de cultivo y cosecha de caña libre de fuego y ya llevamos cerca de las 20 mil hectáreas de grandes empresas agrícolas que están trabajando de esta manera”, concluyó.

Fuente: LV 12.-

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