Tucumán
18 septiembre, 2019

El presidente de la FET, Juan Rodríguez, solicitó que el bono no tenga carácter obligatorio o que el pago se considere crédito fiscal o un pago a cuenta tributaria.

Cámaras empresariales de Tucumán adelantaron que no están en condiciones de afrontar el pago de un bono de $ 5.000 para el sector privado en octubre, como pretende el Gobierno de la Nación. Manifestaron que atraviesan situaciones críticas, de baja rentabilidad, con tarifas elevadas, por lo que consideraron que ese pago debería ser optativo para las Pymes.

La iniciativa que tiene sobre sus hombros el ministro de Producción, Dante Sica, busca mitigar los efectos negativos de la crisis: la pérdida salarial generada a raíz de la devaluación y aceleración de la inflación. El funcionario advirtió que el pago extra no está cerrado, aunque existe la voluntad política del Poder Ejecutivo de arribar a un acuerdo con empresarios y dirigentes sindicales. Por este motivo es que comenzó a desarrollar reuniones con las cámaras para poder evaluar en una definición.

Postura local

La Federación Económica de Tucumán (FET) reconoció ayer que hubo un deterioro en los salarios, pero advirtió que no todos están en condiciones de afrontar ese compromiso. Además, recalcó que el sector empresario viene haciendo “ingentes esfuerzos” por mantener la fuente de trabajo.

El presidente de la FET, Juan Rodríguez, solicitó que el bono no tenga carácter obligatorio o que el pago se considere crédito fiscal o un pago a cuenta tributaria. “Vemos con preocupación esta medida que se está por tomar. Lo venimos manifestando: no tenemos rentabilidad. Habrá empresas de algunos sectores que podrán pagar el bono, pero las Pymes, a las que represento, no se encuentran en condiciones”, dijo a LG PLAY.

Rodríguez cuestionó que se haya “metido en la misma bolsa” a multinacionales y a Pymes. “Se pide un esfuerzo, pero el esfuerzo llega a un límite: nos cuesta muchísimo mantener nuestra planta de empleados”, afirmó.

Haciendo números

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en Tucumán se registraron en junio 177.400 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir que el pago del bono de $ 5.000 representan unos $ 887 millones.

El presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales, afirmó que gran parte del sector que representa no podrá hacerle frente al pago. Adelantó que mañana tienen prevista una reunión en la secretaría de Turismo de para plantear la problemática. “Un bono de $ 5.000 no es lo mismo para un hotel en Buenos Aires, lleno de turistas brasileños, que uno de Tucumán, Corrientes o La Rioja. Estamos de acuerdo con que a la gente hay que acompañarla, pero nos tienen que dar las herramientas; no podemos seguir haciéndonos cargo de la problemática porque a la inflación también la tenemos nosotros, al igual que a la caída de ventas”, opinó.

Viñuales, también titular de la Federación de Cámaras de la República Argentina, indicó que la cámara que encabeza genera más de 30.000 puestos formales de trabajo en Tucumán y cerca de un millón a nivel nacional. “Leía las quejas de gremios estatales porque vienen retrasados con el pago de los sueldos a los empleados. Si el Estado viene retrasándose, imaginate la problemática que tenemos los privados. Lo que más nos interesa es pagar los sueldos y las tarifas, para que no se corte la luz y el gas y poder seguir trabajando”, aseguró.

El titular de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, coincidió en la postura. “Entendemos que, debido a que se pretende hacerlo cumplir mediante un decreto, necesitamos que lo abonado sea debitado luego de impuestos, se considere crédito fiscal o pago a cuenta de impuestos”, dijo.

La postura de los gremios

Desde la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) afirmaron que aún deben analizar en profundidad el tema. Sin embargo, el secretario de administración y actas, Oscar Cano, reconoció que la situación económica es complicada. “Están todas las empresas quebradas y no hay crédito. En Tucumán y en el norte las empresas están fundidas, no tienen para pagar el alquiler. Para el Gobierno es fácil decirlo y pedir que otros hagan el esfuerzo”, fustigó.

La referente local de la Confederación General del Trabajo (CGT), Teresa Hernández, opinó que es “inadmisible” que haya empresas que hayan solicitado que sea optativo el pago del bono. Consideró también que una actualización por inflación, como la “cláusula gatillo”, es más provechosa que una suma fija. Adelantó, además, que están gestionando ante la FET la posibilidad de acordar una canasta de alimentos para congelar los precios por 60 o 90 días y monitorear que eso se cumpla.

Fuente: La Gaceta

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